La crisis actual ha puesto en evidencia
nuestro estado del bienestar, y uno de los pilares en que está basado este
bienestar es la ley de dependencia.
El sector público es el que se encarga de dar
cobertura a las personas que tienen problemas de dependencia.
Debido a que los recursos son escasos, esta
cobertura no llega a todos los ciudadanos que lo necesitan.
De hecho se tiene en cuenta más a personas con
pocos recursos, cuando en realidad los que tienen más recursos son los que
costean vía impuestos estos servicios, lo cual es una paradoja, el que paga no
recibe.
En España los impuestos indirectos como el
IRPF es progresivo, es decir, el que más gana más paga, en los impuestos
indirectos es totalmente lo contrario, es regresivo, pagan todos los que
consumen independientemente lo que ganan.
En la dependencia, el estado del bienestar no
ha tenido en cuenta la bajada de ingresos por impuestos, si pretendemos
mantener los gastos generados por la dependencia, y los ingresos bajan se
produciría un desajuste, a no ser que lo quitemos de otro sitio, habría que
priorizar este asunto respecto a otro.
Una solución sería el copago, es decir, un
pequeño desembolso según quien reciba la atención necesitada, y este copago
podría estar directamente relacionado con el nivel de renta de quien lo recibe.
En la situación actual, con la crisis que
padecemos será muy difícil mantener logros sociales como hasta ahora lo
teníamos.
Se acabó el gratis local, estamos en una
sociedad que padece una crisis, y que la solidaridad de sus individuos, se hace
necesaria, pero creo que todos los implicados en un proceso de dependencia
deben hacer esfuerzos.
Hasta ahora era gratis y llegaba a los
ciudadanos en general, pero no olvidemos que quien realmente pagamos todo esto
somos los contribuyentes, y estos deben tener una satisfacción en el pago de
sus impuestos, ya que no es normal que las personas que más paguen, las que
tienen rentas por salarios, sean las más perjudicadas en el reparto de estas
coberturas.
Me viene a la mente, ciertas solidaridades, como la
exclusión de la enseñanza concertada gratuita a contribuyentes por la mera
exclusión del IRPF, al final se anima a los ciudadanos a la evasión de
impuestos, ya que pagan más y no tienen ciertos derechos.
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